1919: "Segundas partes nunca son buenas" (dicho popular) PARTE 2
por Jorge Enrique Etchevarne
VIENE DE LA PUBLICACIÓN ANTERIOR
Carlos Nicandro Paz y su controversial Jefatura Política 1919-1920.
TROPELÍAS POLICIALES.
Uno de
los asuntos que demandó de Carlos Paz la mayor atención durante su toda
gestión, además de causarle todo tipo de preocupaciones, fue el desempeño de
los funcionarios policiales, quienes estaban bajo su exclusiva responsabilidad.
Claro
que los agentes ─”gendarmes” se les decía entonces─, tenía poca o ninguna preparación
para ejercer como tales, y es casi seguro que pocos habrían superado satisfactoriamente
una evaluación de sus aptitudes personales para portar armas.
Sin
embargo, no fueron los subordinados quienes le dieron dolores de cabeza a
Carlos Paz, sino aquellos que oooocupaban cargos superiores, la mayoría
elegidos y propuestos por él.
El 2 de junio el gobernador aceptó la
renuncia de Gusmerotti, y designó en su reemplazo al señor Manuel Rodríguez por
Decretp Nº 4365.
Tres semanas después Núñez recibió una
carta procedente de Charbonier, firmada por el señor Saturnino López, vecino de
esa localidad, con una inquietante denuncia.
Según lo relatado por el denunciante,
el domingo 22 de junio había ocurrido un escandaloso suceso en el comercio propiedad
del subcomisario Ramón Jaime, donde se había jugado “descaradamente” a la taba
(juego de apuestas prohibido por ley), con la presencia del mismísimo
funcionario, acompañado por el comisario de Capilla del Monte, Camilo Rodríguez
Pereyra.
Entre la numerosa concurrencia, la
mayoría en estado de ebriedad, se encontraba un menor de edad que por
disidencias en el juego se trabó en riña con Félix Jaime, hermano del
subcomisario, sin que este tomara medidas al respecto.
Por la noche –continuaba la carta-
hubo baile, consumo excesivo de bebidas
alcohólicas, disparos de armas de fuego en todas direcciones, y quema de
cohetes..
López solicitó, en
representación del pueblo, la inmediata investigación de los hechos denunciados,
ofreciendo el aporte de las pruebas que fueran necesarias.
Por otra parte, López dejó en claro
que actuaba en defensa de los intereses públicos, y que no dejaría pasar el mal
desempeño de funcionarios designados por las autoridades demócratas en el gobierno,
aunque él adhiriera al mismo partido político.
Para finalizar, Saturnino López
adjuntó a su denuncia una nota firmada por cuarenta vecinos de Charbonier, quienes
pedían la destitución del subcomisario Jaime por considerarlo “indigno e
incompetente para desempeñar el cargo que se le ha confiado”.
El 25 de junio el senador radical
Arsenio Soria, histórico adversario político de Carlos Paz, con los
antecedentes en la mano, se entrevistó con el ministro de Gobierno manifestándole
el malestar existente entre los pobladores de las localidades que fueron
escenario del escandaloso suceso.
Presionado por las circunstancias, el
doctor Sarría, previa consulta con el jefe de la Policía, designo al oficial inspector
Eduardo Ferreyra para que se trasladase a Charbonier y procediera a levantar un
sumario acerca de lo ocurrido.
Mientras tanto, Carlos Paz fue
notificado de la situación, y se le ordenó dirigirse al lugar de los hechos
para recabar testimonios de primera mano.
Carlos Paz debía estar muy preocupado
porque todo lo concerniente a la fuerza policial del Departamento era de su
exclusiva responsabilidad, según lo establecido en el Decreto …. “Funciones de
los Jefes Políticos”
El día 27 el sumariante se trasladó hasta
Charbonier, encontrándose con Carlos Paz en Capilla del Monte, quien lo puso al
tanto de las averiguaciones practicadas, tras lo cual el jefe político regresó
a Los Puentes.
Mientras el inspector Ferreyra
continuaba la investigación, Carlos Paz le escribió al ministro Sarría informándole
sobre el resultado de la misión que le fuera encomendada, poniendo a
disposición del gobierno los datos recogidos durante su estadía en Capilla del
Monte y Charbonier.
El mismo día que Ferreyra llegó a
Capilla del Monte, desde San Esteban, el Juez de Paz pedáneo, Belindo Soaje,
escribió una larga carta al ministro Sarría para informarle sobre graves hechos
protagonizados por los mismos personajes y otros individuos relacionados con
ellos.[i]
Según su escrito, cuando el 12 de
junio le ordenó al subcomisario de Charbonier, Ramón Jaime, que procediese a la
detención de José González, oficial de policía de Capilla del Monte, y de José
Jaime, ambos imputados como autores de ilícitos, el subcomisario se negó, “desacatándose abiertamente”, según
expresó el magistrado.
Ante la desobediencia de Ramón Jaume,
el 13 de junio el juez le ordenó al comisario de Capilla del Monte, Rodríguez
Pereyra, que detuviera al desacatado.
El día 18, Rodríguez Pereyra le
comunicó al juez que había dado cumplimiento a lo ordenado, y que Ramón Jaime
se encontraba a disposición del magistrado.
Sin embargo, el juez constató que los
días 22 y 23 de junio ambos empleados policiales continuaban en ejercicio de
sus cargos, y que Rodríguez Pereyra había informado falsamente sobre el
procedimiento.
Por si algo le faltaba a este
embrollo, el día 27 una veintena de vecinos de Charbonier le escribió al
ministro Sarría, para solicitarle que […] “tuviese
en cuenta los antecedentes personales del juez que intervenía en el caso, así
como su estado inconveniente para actuar de funcionario en el momento del
supuesto incidente” […] (sic)
Para rematar, señalaron que quienes pedían
la exoneración de Jaime, tenían motivaciones políticas “en contra de un funcionario público que obra con justicia y
equidistancia”.
Literalmente, acusaban a los
denunciantes de intencionalidad política; aunque no había objetividad en esta
apreciación, ya que entre quienes suscribían la carta, figuraban parientes del
acusado Ramón Jaime.
En los primeros días de julio, Carlos
Paz se trasladó nuevamente a Capilla del Monte, esta vez acompañado por el
comisario general del Departamento y un agente uniformado.
Su propósito: detener por orden
judicial al suspendido comisario Camilo Rodríguez Pereyra y conducirlo a la ciudad
de Córdoba para ponerlo a disposición del Juez del Crimen de Turno.
El 7 de julio el gobernador
firmó el Decreto Nº 4.632 disponiendo la cesantía de los causantes
Camilo Rodríguez Pereyra y Ramón Jaime.
El 12 de julio, Carlos Paz recibió un
telegrama del ministro Sarría requiriéndole la nominación de un reemplazante
para ocupar el cargo del comisario depuesto. Paz propuso a Miguel Ángel
Ferreyra, quien fue designado oficialmente el 14 de julio[ii].
El 4 de septiembre, sosegados los
ánimos adversos al accionar policial, Carlos Paz elevó un informe al doctor Miguel
Rodríguez de la Torre, Subsecretario de Gobierno a cargo del Ministerio,
poniendo en su conocimiento dos hechos de robo ocurridos en la localidad de
Capilla del Monte, siendo los damnificados conocidos comerciantes locales.
En su carta, el Jefe Político destacó
la necesidad de aumentar el número de agentes policiales, ya que los
cuatro efectivos asignados a la
comisaría local, resultan escasos para prestar un servicio de vigilancia
adecuado a la extensión del territorio que deben recorrer.
Asimismo, resaltó la conformidad del
vecindario con el desempeño del nuevo comisario, pero hizo hincapié en la
necesidad de proveerlo de un caballo, montura y forraje para realizar las
pesquisas, ya que, a pesar del reducido sueldo que percibía, se veía obligado a
costear el propio.
Esta vez, la solicitud de Carlos Paz
tuvo rápida resolución y Contaduría General autorizó el gasto necesario para provee
el indispensable medio de movilidad al comisario de Capilla del Monte.
Parecía que todo se iba encausando.
INTRANQUILIDAD OBRERA EN PUNILLA
En nuestra provincia, la actividad de
los partidos “Socialista” y “Socialista Internacional”, con injerencia en los
gremios más combativos, preocupaba a las autoridades provinciales.
El 25 de junio de 1919, el gobierno de
Córdoba emitió el decreto Nº 4.569 avalando la decisión del Jefe de Policía
quien había prohibido la realización de “conferencias” (así se denominaba a los
mitines políticos).
Mientras se desarrollaba el “Caso
Jaime”, otro conflicto estaba en ciernes.
El 28 de junio Carlos Paz informó al
ministro Sarría que había negado el permiso solicitado por la “Sociedad de
Picapedreros” para celebrar una reunión de los obreros que trabajaban en las
canteras propiedad de Santos Conti y Bacci, en Huerta Grande.
En estas explotaciones mineras una
legión de picapedreros le daba forma a los adoquines de granito que se
utilizaban para empedrar las calles de Buenos Aires.
Como en tantos otros lugares, las
condiciones laborales en las canteras referidas eran malas, aún para los
estándares de la época.
La minería era el principal motor de
la economía regional hasta el despertar del turismo, por ello, las autoridades
locales ponían especial celo en controlar la alteración del orden.
Carlos Paz explicó en su carta que se había
negado por desconocer los motivos de la reunión y los asuntos a tratar, y además.
por no contar con agentes de policía para controlar eventuales disturbios.
Todavía estaba fresco el recuerdo de
la prolongada y feroz huelga ferroviaria, que meses antes, había dejado como
saldo de los enfrentamientos, un obrero muerto en los talleres de Cruz del Eje.
Con este antecedente, Carlos Paz solicitó
aumentar la dotación policial del Departamento en dos agentes, petición que le
fue concedida el 22 de julio por acuerdo de ministros.
El 17 de julio solicitó autorización
para comprar monturas y otros pertrechos necesarios para equipar a los efectivos
que debían prestar servicio, pero un mes después Contaduría recomendó no hacer
lugar al pedido hasta tanto se licite la provisión de monturas y armamento para
aprovisionar a todas las Jefatura Políticas.
El 22 de julio el ministerio dispuso
aumentar la cantidad de agentes de policía, incorporando dos efectivos que
pasaron a prestar servicio en el Sanatorio para Tuberculosos de Santa María,
otro ligar problemático.
Concurrentemente, el ex subcomisario
de Bialet Masse, Enrique Bustos, reclamó al gobierno el pago de haberes
adeudados desde el mes de marzo.
La responsabilidad administrativa de
abonar los sueldos de los empleados de la jefatura, e incluso, de los maestros,
corría por cuenta del Jefe Político.
En este caso, los sueldos reclamados por
el ex subcomisario eran adeudados por el anterior jefe político, Antonino
Molina, pero ahora sería Carlos Paz quien debía ocuparse del asunto.
[i] En esa época, los jueces de Paz deàrtamrntales actuaban como jueces de ^rimera Instancia.
[ii] Decreto
Nº 4.718
CONTINUARÁ
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