1919: "Segundas partes nunca son buenas" (dicho popular) PARTE 3

                                                                                                por Jorge Enrique Etchevarne 

VIENE DE  LA PUBLICACIÓN ANTERIOR 

Carlos Nicandro Paz y su controversial Jefatura Política 1919-1920

UNA PRETENSIÓN INACEPTABLE

A mediados de agosto de 1919, Contaduría General de la Provincia le informó al Ministerio de Gobierno que Carlos Paz no había hecho efectivo, en tiempo y forma, el depósito de garantía.

Se trataba de una suma de dinero exigida a los funcionarios que administraban bienes del Estado, entre ellos, los jefes políticos y sus secretarios.

Esta garantía estaba reglamentada y los designados debían hacerla efectiva en la oficina correspondiente, antes de asumir sus cargos.

La aplicación de la norma era discrecional, ya que solo algunas personas eran alcanzadas por ella, en particular, aquellas que no reunían antecedentes en la función pública, o bien, portaran valores públicos,, tales como los Receptores de Rentas (recaudadores de impuestos).

En caso que los funcionarios designados carecieran de solvencia económica, podían recurrir a una tercera persona que saliera de garante.

De acuerdo al informe de Contaduría, Carlos Paz debía dejar en caución la suma de 5.000 pesos, que en esa época eran equivalentes al precio de un automóvil lujoso.

En consecuencia, poca gracia le debe haber hecho a este, recibir una nota del Subsecretario de Gobierno, Miguel Rodríguez De La Torre, fechada el 20 de agosto  de 1919, en la cual le recuerda su situación irregular y lo  invita a completar el trámite.

Carlos Paz dejó transcurrir varios días antes de responder, un comportamiento inusual en él, ya que solía contestar de inmediato la correspondencia oficial. No caben dudas que tal demanda la consideró impropia y hasta ofensiva.

¡Justamente a él!, amigo personal de Cárcano, fiel partidario de la causa demócrata, con impecables antecedentes en la función pública, le venían con esta exigencia.

Es de suponerse que estuvo cavilando durante varios días sobre el asunto, hasta que, el 30 de agosto le escribió al doctor Rodríguez De La Torre, dejando en claro su postura al respecto:

[…] Atento a su nota de fecha 20 del corriente en la que me comunica que Contaduría General exige se haga efectiva mi fianza personal por la cantidad de $5000, me es grato manifestarle que esta actitud me crearía una situación incómoda y molesta. Hasta hoy, en mis asuntos públicos o privados, no he solicitado de un tercero garantía pecuniaria, ni moral, por lo tanto. señor subsecretario, si Contaduría persiste en su resolución, sentiría mi dignidad y honradez ofendida, y pondré en sus manos la renuncia del puesto que desempeño. […]

Aparentemente, la respuesta terminante de Carlos Paz surtió, efecto, porque no volvieron a reclamarle la garantía.

No obstante, quedó en claro que, en esta gestión, a diferencia de la primera, no las tendría consigo; sumaban muchos los reveses administrativos.

LA DISPUTA POR EL REGISTRO CIVI

Uno de los  asunto del que Carlos Paz quiso ocuparse, ni bien asumió la Jefatura Política, fue el traslado deL Registro Civil de San Antonio de Arredondo.

La creación de esta oficina había sido gestionada por Ramón Carranza en 1918, aprovechando su relación con legisladores radicales, y desde enero de 1919 estaba a su cargo.

Es muy probable que esta iniciativa haya molestado a Carlos Paz, quien consideraba que esa dependencia debía estar en su villa y no en la población vecina.  La existencia de una oficina pública sumaba prestigio y era considerado un factor de progreso, allí donde se instalase.

La decisión estaba tomada, pero para lograr su traslado de un lugar al otro, primero había que justificarlo. Una medida de tal naturaleza requería del aval del Director General del Registro Civil, quien dependía a su vez del Ministerio de Gobierno.

O sea, el trámite debía recorrer un  camino administrativo alejado de las funciones del Jefe Político. Carlos Paz, en todo caso, podía sugerir el traslado de la oficina, pero una recomendación en tal sentido lo expondría a las críticas despiadadas de sus adversarios políticos y los pobladores del sur de Punilla.

Por lo tanto, no sería, sino los vecinos de su pueblo, quienes solicitarían la mudanza. Carlos Paz confió, una vez más, en el infalible “reclamo popular”, que siempre hace mella en el ánimo de los gobernantes.

  Para ello, el 12 de junio de 1919, cuando aún no había transcurrido un mes en su cargo, redactó una carta dirigida al Director del Registro Civil de la Provincia, Miguel Ángel Escalera, la que hizo firmar por treinta vecinos de la villa, casi todos empleados suyos en su Estancia.

La carta estaba fechada en “San Roque”, denominación que no era utilizada por Carlos Paz en su correspondencia postal y telegráfica,  ya que desde el primer día como asumió funciones, siempre se refirió a su lugar de residencia como “Villa Carlos Paz”, determinado a imponer este nombre en la documentación oficial.

Encabezada así, parecía desvincular a Carlos Paz de su autoría. Sin embargo, los caracteres tipográficos se correspondían con los de su máquina de escribir;  y el estilo literario era de su innegable Ls vecinos que la suscribían, solicitaron al Director Escalera el traslado del Registro Civil situado en San Antonio de Arredondo, para llevarla a San Roque.

Justificaron  su pedido en el escaso movimiento que registraba esa oficina desde su creación, y en el hecho de que San Roque era una población mucho más importante por su número de habitantes y localización.

Ciertamente, el Registro Civil de San Antonio tenía poco trabajo, pero su zona de influencia abarcaba todo el sur de Punilla, evitando que la dispersa población de la Pedanía Santiago,  y aún la de Villa Carlos Paz, se viera obligada a desplazarse hasta Tanti, mucho más distante.

Recibida la nota, el señor Escalera elevó al Ministro de Gobierno, Félix Sarría, la solicitud de los vecinos de San Roque, con opinión favorable al traslado.

 No  obstante, le hizo saber que la oficina de San Antonio había sudo creada por Ley Nº 2356, promulgada el 6 de septiembre de 1918.

Esta no era una observación menor. El traslado de esa oficina no dependía de una resolución administrativa del gobernador; una ley sancionada por la Legislatura solo puede ser modificada o anulada mediante otra norma de igual jerarquía. Al menos ese esel procedimiento.

Cualquiera haya sido la evaluación hecha por el ministro, lo concreto es que, el día 7 de julio de 1919, el gobernador firmó el Decreto  Nº 4664 ordenando el traslado del Registro Civil de San Antonio de Arredondo  a San Roque, según la voluntad de los vecinos de esta última población.

Pero tres semanas después, el 28 de julio, el gobernador emitó el Decreto Nº 4777, derogando el anterior del 7 de julio. ¿Qué pasó entre ambas fechas?.

 Aquí solo cabe especular pues no se han localizado documentos probatorios. Podría haber ocurrido que algún funcionario del Registro Civil, o el mismo Director Escalera, advirtiese el error procedimental cometido al emitir el Decreto ordenando el traslado y se lo hiciera saber al ministro.

Otra posibilidad, es que el gestor y jefe del Registro Civil de San Antonio, Ramón Carranza, haya presentado una queja ante  el Director Escalera, o que, incluso, haya recurrido a sus contactos políticas para conseguir que se diera marcha atrás con la decisión de trasladarlo.

Seguramente, la respuesta de lo que realmente pasó, nunca se sabrá; pero el hecho cierto fue, que no volvió a tratarse el tema, al menos en los términos planteados.

En las siguientes semanas, Carlos Paz estuvo ocupado en resolver el “Caso Jaime” y dejó de lado los asuntos menos urgentes, pero, superada la crisis policial, retomó la iniciativa, aunque esta vez, con otro cariz.

En una jornada que parecía inspiradora, el mismo día que rechazó el planteo de Contaduría acerca de su garantía, Carlos Paz redactó una nota al ministro Sarría, no ya para trasladar la oficina del Registro Civil de San Antonio, sino para cerrarla definitivamente.

En su nota, fechada el 39 de agosto de 1919, Carlos Paz reveló  su, ya, no disimulada intención de dejar a San Antonio de Arredondo sin su Registro Civil.

 En un texto breve, y sin aludir al frustrado traslado solicitado  tiempo antes por los “vecinos” de San Roque, hizo notar que la disputada oficina “presta escaso servicio” desde que fue creada, estimando que “debe declararse vacante por razones de economía”; es decir, sugirió cerrarla con una justificación poco sustentable.

Los registros civiles de la provincia funcionaban en el domicilio de los encargados de estos, salvo en aquellos lugares donde existiese una sede administrativa departamental.

En el caso de Punilla, la sede administrativa estaba en Cosquín, cabecera del Departamento, y en ella se encontraban la jefatura política, la comisaría con su calabozo, el juzgado de Paz y el Registro Civil.

La “oficina” de San Antonio de Arredondo ocupaba tan solo un cajón del mueble escritorio que Ramón Carranz tenía en su casa, donde  guarda los libros de actas y la documentación que le enviaba la Dirección. No había gastos fijos, como solían ser los alquileres de locales para las escuelas.

Por lo tanto, no habría ahorro significativo de fondos públicos con la clausura del Registro Civil de de esa localidad. Solo se haría economía con el sueldo del señor Carranza, por cierto, bastante magro.

Entonces ¿Por qué Carlos Paz recomendó tan drástica medida? ¿Acaso no tuvo en cuenta las necesidades de los habitantes de su villa y de los pueblos vecinos, a quienes él, como funcionario público, debía servir del mejor modo?

¿Ignoraba Car Paz el perjuicio que su decisión acarrearía?

Por supuesto que no, pero al parecer, solo le importaba su deseo de privar a sus adversarios políticos de un logro que él no había conseguido.

Tal vez apostó a reclamar la apertura del Registro Civil en su pueblo más adelante. Quién sabe. De cualquier manera, su determinación no estuvo exenta de cierto egoísmo.

Por su parte, ante una situación que le resultaba intolerable, hacia fines de octubre de 1919, Ramón José Carranza renunció al cargo, y en su reemplazo fue designado el señor Arturo López.

De alguna manera, Carlos Paz había ganado la partida.

Finalmente, el 11 de febrero de 1920, el gobernador Núñez firmó el Decreto Nº 5734, declarando vacante el cargo de Jefe de Registro Civil de San Antonio de Arredondo, por razones presupuestarias.

En otras palabras, el Poder Ejecutivo no podía trasladarlo ni cerrarlo debido a que su creación devenía de una ley, pero sí era posible privarlo de presupuesto, y así, en la práctica, dejaba de funcionar. Es decir, que solo existiese en los papeles.

Y aquí termina esta breve historia que nos advierte, por si hiciese falta, que  las consecuencias de las disputas políticas las termina pagando toda la sociedad.

A partir de abril de 1920, los pobladores del sur de Punilla se vieron obligados a trasladarse hasta Tanti o Cosquín cuando necesitaron registrar los eventos familiares, lo que significaba en algunos casos, recorrer 30 ó 49 kilómetros.

Y así fue hasta 1937, cuando Villa Carlos Paz tuvo su propio Registro Civil.

Villa Carlos Paz, 1920 (Foto colección Eldor Bertorello)

CONTINUARÁ